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Amia, acto en el 13º aniversario del atentado (2007), from noti.hebreos.net

Amia, acto en el 13º aniversario del atentado (2007), from noti.hebreos.net

Hay que ponerle el cascabel al gato: La crisis política que no es sólo de la Ciudad

Por Jorge Altamira
Especial para argenpress.info, 21.07.10

La crisis política generada por el procesamiento de Macri gira en torno a personajes vinculados a un tema excluyente: el atentado contra el edificio de la AMIA. En una confirmación de esto, la reciente conmemoración del atentado pivoteó alrededor de la crisis política en la Ciudad generada por el procesamiento.

La disputa tiene que ver con la red de espionaje montada por Ciro James y Lino Palacios, pero en particular el ejercido contra Sergio Burstein, que integra la agrupación Memoria Activa, formada por familiares de las víctimas del atentado. Ahora se sabe, que en las vísperas del pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, que confirmaría el procesamiento, Macri fue a pedir socorro a la DAIA, la central que agrupa a las asociaciones de la comunidad judía en Argentina. En la sede de la Sociedad Hebraica de Pilar se reunió con cuarenta dirigentes de instituciones judías.

De acuerdo a la Agencia Judía de Noticias, que provee la información, allí “Macri ratificó su acercamiento a la comunidad judía tras los cuestionamientos por la designación de Palacios”. Ocurre que Palacios se encuentra procesado y detenido por el juez Lijo, ¡“por encubrimiento del atentado”! La explicación que ofreció Macri, en la reunión, a este contrasentido aparente, fue que “la decisión (de nombrar a Palacios) es adoptada luego de haber recibido recomendaciones de las embajadas de Israel y Estados Unidos”. El “atrapado sin salida” le estaba diciendo a sus escuchas que no importa lo que haya hecho Palacios –encubrir el atentado y el aparato de espionaje-, estaba avalado por instancias muy superiores.

La agencia de noticias añade que “Macri comentó que el ex jefe de la Unidad Especial Antiterrorista de la Policía Federal no sólo era recomendado por la CIA, la DEA y el Mossad sino que había sido distinguido por la conducción de la DAIA”. ¡Qué tal! La aseveración de Macri fue respaldada por “el ex presidente de la DAIA, Jorge Kirszenbaum, que indicó que ‘el Estado de Israel lo había premiado (a Palacios) y la DAIA que me precedió en la presidencia también, porque estuvo muy involucrado en las causas’ por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel”.

La investigación por el atentado a la embajada duerme el sueño de los justos. Macri le contó a sus anfitriones que las recomendaciones de Israel y EEUU se repitieron luego de los resultados de las elecciones de junio de 2009.”Otro gesto, relata la agencia, que fue bien recibido por la dirigencia comunitaria fue su crítica postura (de Macri)a la relación que el gobierno nacional mantiene con Venezuela”. Macri tuvo que ir hasta Pilar debido a la oposición a que sea recibido en la sede oficial de la DAIA formulada por Memoria Activa.

Con este nivel de ‘protección’ internacional, ¿quién le teme a Oyarbide, la Cámara de Apelaciones o incluso la Corte? Ocurre que los K también tienen sus propios ‘protectores’. Los Macri y los K no solamente cobran ‘peajes’ – también los tienen que pagar; las jerarquías tienen sus escalas. Han sido precisamente la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos las que acaban de “aplaudir al gobierno de la Argentina por sus continuos esfuerzos en la investigación del atentado a la Amia (Ámbito Financiero, 8.7). Se refiere a la investigación el fiscal Nisman, que “concluyó, dice el documento, que el ataque a la Amia fue decidido y organizado por los máximos líderes de Irán, que al mismo tiempo confió su ejecución al grupo terrorista del gobierno (sic) del Líbano, Hezbollah…”.

Estamos, entonces, ante una disputa entre dos agencias del Mossad, la DEA y la CIA – los K y Macri. En más de una oportunidad, la secretaría de Justicia de Estados Unidos ha elogiado la “cooperación de Argentina” con los servicios norteamericanos. Siempre se habla del atentado contra la AMIA, pero nunca se menciona el atentado similar contra la embajada de Israel – que sigue en el limbo, seguramente por alguna ‘sólida’ razón.

Macri enfrenta ahora un procesamiento, cuyo desenlace no tendrá lugar antes de octubre de 2011. El asunto, dada la jerarquía de los ‘protectores’, quedará congelado – nada se hace por estas tierras que pueda contrariar a los tres ‘servicios’ mencionados.

Los K y Macri se enfrentan al desafío de hacer el uso más conveniente del procesamiento; los K, suponemos, buscarán quebrar una alianza entre el desbigotudo Macri y el peronismo federal. Los ‘servicios’ en cuestión procurarán aprovechar el conflicto para extorsionar a unos y a otros para avanzar su propia agenda; los K, por ejemplo, ya están prometiendo la liberación del ingreso de capitales y, con ello, empujar la especulación con los llamados ‘activos tóxicos’.

La Legislatura porteña también hace lo suyo – dilatar las cosas con una comisión investigadora cuya mayoría la tendrá el macrismo. Se trata de un encubrimiento para dilatar el esclarecimiento de los delitos políticos cometidos. Lo hace incluso de mala gana, esto porque rompe la unidad del ‘bloque opositor’ en el Congreso, aunque quizás sea al revés – para garantizar que nada se salga de control.

De todos modos, hay una división en desarrollo de la oposición, como se ve en las divergencias por las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la ley de glaciares. Justo los dos puntos que se negociaron en China con la Presidenta: aceite de soja y minería. Lo que nadie va a develar es la penetración de la CIA, el Mossad y la DEA en el Estado kircheriano-macrista, y su responsabilidad en el atentado contra la Amia y en la crisis política en la Ciudad – que no es solamente local.

http://www.argenpress.info/2010/07/hay-que-ponerle-el-cascabel-al-gato-la.html

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Tan hermosa es la libertad, que cada quien se fabrica un paraíso a su medida.

Tan hermosa es la libertad, que cada quien se fabrica un paraíso a su medida. Tanto con Lot como con sus hijas. By Joachim Antonisz Wtewael. From filosofiauruguaya.ning.com.

Por Ulises Naranjo, Mdzol
argenpress.info, 28.06.10

En esta columna, dice Ulises Naranjo, editor de MDZ: “Si alguien pretendiera por ley, prohibir que los católicos o los evangelistas se casaran, tuvieran hijos, ejercieran sus credos, se colgaran cruces en el cuello, entonaran canciones en sus celebraciones y exhibieras biblias en la vía pública, yo no consideraría que la salida sería “plebiscitar” sus libertades, sino que saldría a la calle a manifestarme contra semejante ataque a la democracia.

Ahora resulta que los sectores conservadores quieren conservar lo que conservan a través de la conservación de medidas propias de tiempos dictatoriales.

Es así: resulta que la parte más conservadora de las iglesias andan pidiendo por ahí que se plebiscite un derecho humano fundamental: la posibilidad de elegir, incluso a quien amar; la posibilidad de unirse civilmente. Y ni hablar de la adopción, porque la adopción existe ya. Claramente, en Argentina, si tenés más de treinta años, cualquier persona (cualquiera obispo: gay, pastor, ejecutiva, zapatero, beato o futbolista) puede adoptar.

Entonces, ¿a qué se oponen? Yo diría: a lo distinto, a lo diverso. Ellos están acostumbrados a ser los que le ponen el cascabel al gato. Ellos son los dueños del paraíso y bajo ningún concepto están dispuestos a dejar entrar a cualquiera.

Y si no, vean en lo que anda, por ejemplo, el obispo de La Plata Antonio Marino. El tipo quiere que se resuelva mediante voto si las personas pueden elegir o no con quien casarse. ¡Increíble! ¿Quién se cree que es? ¿Por qué no se preocupa por los problemas de su institución y deja que cada quien en su sano juicio y ejercicio haga uso de una de las posibilidades más hermosas que tiene la vida: decidir a quién amar?

¿Adónde llegaremos si esta gente se obstina en el hecho de elegir por todos? ¿Por qué querer elegir por los demás? Para el obispo, “un plebiscito constituye una vía más razonable que la seguida hasta el momento por los legisladores”. ¿Y luego? El cura este, que no es cualquier cura, sino quien preside la comisión de seguimiento legislativo constituida por el Episcopado pidió “más tiempo para una decisión más sana”.

¿Una decisión “más sana”? Este hombre, al igual que los que piensan como él, debiera dejar su concepto de la sanidad para la gente involucrada con su visión del mundo, no intentar someter a toda una comunidad a un proceso de reconocimiento que, en el fondo, plantea una única cuestión: ¿damos derechos a todos los habitantes del país o no se los damos?

Esto “no es una presión”, sino que “es la sociedad que manifiesta sus convicciones”, dice el teólogo. “No hay ninguna extorsión, no hay amenazas, no hay ningún dinero que se vierta, no hay ninguna carpeta que se agite para chantajear a alguien y decirle: ‘Si votás en tal sentido, te espera la revelación de estos misterios’, razona el cura.

Yo, en cambio, en el accionar de estos grupos conservadores, veo presión, veo atentado contra las libertades individuales, y una vez más, contra derechos fundamentales.

¿Por qué no usar esta energía para mejorar (si es que hubiera algo que mejorar) las instituciones en las que se desarrollan? ¿Por qué el deseo (porque se trata de eso, de deseo) de pretender torcer la libertad de quienes no piensan de la misma manera?

Los conservadores tienden a conservar, sobre todo, sus valores. Y está muy bien.

Si alguien pretendiera, por ley, prohibir que, por ejemplo, los católicos o los evangelistas se casaran, tuvieran hijos, ejercieran sus credos, se colgaran cruces en el cuello, entonaran canciones en sus celebraciones y exhibieras biblias en la vía pública, no lo duden: yo no consideraría que la salida sería “plebiscitar” sus libertades, sino que saldría a la calle a manifestarme contra semejante ataque a la democracia.

Yo me opondría tajantemente a preguntas plebiscitadas como estas:

¿Cree usted que católicos y evangelistas tienen que casarse?

¿Cree usted que católicos y evangelistas deben tener hijos?

¿Cree usted que hay que prohibir que católicos y evangelistas anden por la calle con cruces en el cuello?

¿Cree usted que hay que prohibir católicos y evangelistas entonen canciones en sus celebraciones?

¿Cree usted que hay que prohibir que la gente ande con biblias por calle?

¡Por supuesto que no, señor obispo! Me tendrían en la calle como un creyente más si alguien pretendiera hacer que ustedes renuncien al derecho a elegir en qué creer. Pelearía por sus libertades, porque sus libertades, fíjese, también son las mías.

Por lo mismo: no jodan, dejen que los demás ejerzan sus derechos y no atenten contra el sistema democrático pretendiendo regular el derecho a elección.

Por si hiciera falta aclararlo ante algún despistado y porque la falacia se mueve a sus anchas en estos días: no hablamos de elegir entre opciones que atenten contra terceros, sino de elegir a quien amar y con quien unirse.

Y repito, por si hiciera falta aclararlo ante algún despistado y porque la falacia se mueve a sus anchas en estos días, tampoco aquí hay “niños en juego”: en Argentina, cualquier persona, aunque sea gay o católico o ambas cosas, puede adoptar niños.

Tan hermosa es la libertad, que cada quien se fabrica un paraíso a su medida.

En el mío, conviven el uno y el universo, el anverso y el reverso, lo propio y la otredad, el homosexual y el heterosexual y también los de las posiciones intermedias y también el obispo (si es buen obispo) y el ateo (si es buen ateo).

Eso sí, caballero: a los tibios, a los intolerantes, a los antidemocráticos, a los abusadores de niños y a los asesinos, lo dejo afuera.

http://www.argenpress.info/2010/06/los-conservadores-quieren-conservar-lo.html

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Mirarse fijamente los zapatos, ride, from pasalavida.org

Mirarse fijamente los zapatos, ride, from pasalavida.org

El Estado no es un “poder público”

Por Jorge Altamira
po.org.ar, 03.06.10

El siguiente artículo fue solicitado por “Tiempo Argentino” y publicado en su número 0. Cómo éste no es de difusión pública, lo compartimos con nuestros lectores.

La confrontación que ha suscitado la ley de medios no involucra solamente ideas sino, por sobre todo, intereses. La más notoria es la que se ha suscitado entre los monopolios de la televisión por cable, por un lado, y las telefónicas, por el otro.

La posibilidad del ingreso de éstas a la televisión (triple play) fue eliminada, bajo presión, del proyecto oficial con la finalidad de obtener los votos necesarios del bloque que encabeza Solanas. En las audiencias públicas, el proyecto, que no contemplaba el servicio de telefonía para los monopolios del cable, fue calurosamente apoyado por las dos empresas que monopolizan el mercado y por la directiva de Foetra.

La Presidenta dejó en claro que las intenciones originales del gobierno sólo habían sufrido una postergación, cuando aseguró que “no se podía tapar el cielo con un harnero”.

La alternativa del triple play azuzó, de ahí en más, la pelea por el destino de la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina, que el gobierno nacional cuestiona como “dominante”, con la intención última de que un grupo de la ‘burguesía nacional’ ocupe el lugar de los ítalo-hispanos (Telefónica ha adquirido una participación en un ‘holding’ que tiene un porcentaje importante de las acciones de TI). La Justicia brasileña, sin embargo, acaba de decidir que la participación de los españoles en TI no es determinante.

Un acuerdo reciente para ofrecer el triple play entre Telefónica y Telecom de Argentina, por un lado, y Direct TV, por el otro –desbaratado luego en sede judicial– ha sido una nueva demostración de la enorme disputa que se desarrolla para acaparar el mercado de mayor desarrollo potencial en los próximos años. Una modificación a la ley de telecomunicaciones podría servir como alternativa al frustrado intento de las telefónicas de ingresar al mercado televisivo.

Este aspecto de la disputa ‘mediática’ ha sido convenientemente dejado de lado por los protagonistas de ambos lados, que lo reservan para el chismerío conspirativo de ‘la prensa especializada’. Pero hay otro aspecto, aún más decisivo, que ha sido ignorado, en especial en los círculos políticos y académicos. Nos referimos al carácter histórico del Estado y a su naturaleza de clase. El Estado es presentado en este debate como el “poder público” y hasta como un factor de “democratización”. Algunas tesis en danza van más allá y desalojan al “poder” para que lo ocupe el “espacio” (público), en una hábil predistigitación que ‘desestatiza’ la intervención del Estado, cuya intervención se reclama.

Es imposible desconocer, sin embargo, que bajo la apariencia de una esfera que opera por arriba de la sociedad, la función histórica del Estado es proteger las relaciones sociales existentes. Esta función no queda atenuada sino, por el contrario, reforzada, cuando una crisis social de proporciones fuerza al Estado a introducir alteraciones de considerable importancia en el orden social con el objetivo de preservarlo.

En su calidad de representante activo de la clase dominante, el Estado advierte con mayor anticipación la necesidad de neutralizar la presión de las clases dominadas por medio de represión y concesiones. El Estado se manifiesta, se podría decir, ‘dialécticamente’. En América Latina tenemos ejemplos excepcionales de este tipo de dominación, conocida genéricamente como bonapartismo.

La crisis capitalista mundial en curso se encargará, de aquí en adelante, de hacer la demostración de la función de este tipo de regímenes políticos especiales, como ya ocurrió en el pasado. Lejos de ser un factor de ‘democratización’ o partero de una suerte de ‘espacio público’, la intervención del Estado en la prensa y en los medios refuerza, en última instancia, uno de los aspectos fundamentales de la dominación política del capital: el monopolio ideológico y la manipulación política.

En esto supera, en condiciones de crisis, la capacidad de los monopolios privados de los medios pues, a diferencia de ellos, es la expresión práctica, institucional de la burguesía en su conjunto y está motivado por la obligación de asegurar para sí el monopolio de la fuerza y de la violencia –mucho antes de la necesidad de valerse de ellas.

La sustitución del vocablo Estado por la expresión “poder público” o “espacio público” es un caso de manipulación del lenguaje que debería provocar la vergüenza de quienes se han proclamado sus custodios. Las iniciativas del oficialismo en materia de prensa, expresión y medios refuerzan el monopolio privado de la información (mantienen a los existentes e introducen a los monopolios telefónicos), el control ideológico de los medios estatales y de aquellos que operan con su apoyo económico.

Entonces, ¿qué? El monopolio capitalista de los medios de producción adquiere otro nivel cuando se trata del monopolio de la producción de ideología –pues se enseñorea, no sólo de los cuerpos mismos, sino de las conciencias de esos cuerpos. La libertad social en sus términos más amplios es incompatible con el Estado, plantea su disolución y, por lo tanto, el fin de las relaciones sociales que exigen un aparato de violencia para su protección.

En el camino hacia este objetivo, sin embargo, hay mucho por hacer. Luchar, por ejemplo, por un estatuto del periodista que proteja su libertad de pensamiento frente a la patronal y al Estado, y que impida sanciones y despidos por esta causa –el recurso usado con más frecuencia por los principales medios.

La ley de medios no contempla, sin embargo, esta defensa del periodismo. Una conquista de este tipo, como lo son todas las conquistas obreras, representa una suerte de negación del Estado dentro de los marcos del Estado, o sea una transición política.

Otra medida es asegurar en los medios estatales y privados la pluralidad de ideas políticas, culturales, sindicales de acuerdo al peso que ellas tienen en la sociedad, pero no las clericales (que la ley de medios sí protege) porque emanan de una corporación cerrada, ajena a toda forma de escrutinio social. Si un medio es manejado por una organización de derechos humanos o un sindicato, debe asegurarse la presencia allí de todas las corrientes de ese sindicato y, en el otro ejemplo, de todas las organizaciones de derechos humanos y de todas sus corrientes.

La ausencia de estos derechos y garantías en el marco legal prueba que los ‘espacios privados’ como los ‘espacios públicos’ (con los que se disfraza la intervención del capital y del Estado en los medios) son, en definitiva, herramientas de regimentación ideológica.

http://po.org.ar/node/25034

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