Debe estar en emule, de John Pilger, desde estamosenelhorno.com

Latinoamérica empuja a un Washington reacio a que apoye la democracia en Honduras

Por Mark Weisbrot *
América Latina en Movimiento, alainet.org, 01.07.09

El golpe militar que derrocó al presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, provocó repudio unánime a nivel internacional. Pero la respuesta de algunos países ha sido más reacia que la de otros y la ambivalencia de Washington ha comenzado a despertar sospechas acerca de lo que realmente el gobierno estadounidense está tratando de lograr en esta situación.

Las primeras declaraciones de la Casa Blanca en respuesta al golpe fueron débiles y evasivas. En ellas no se denunciaba el golpe, sino más bien se hacía un llamado a “todos los actores políticos y sociales en Honduras a respetar las normas democráticas, el Estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.

Esas declaraciones diferían con las de otros presidentes del hemisferio, como Lula da Silva de Brasil y la presidenta Cristina Fernández de Argentina, quienes denunciaron el golpe y exhortaron a que se restituyera al presidente Zelaya. La Unión Europea también emitió una respuesta similar, menos ambigua y más inmediata.

Más adelante, ese mismo día, a medida que la respuesta de otras naciones se hizo más clara, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo una declaración más fuerte en la cual se repudiaba el golpe – pero sin referirse a éste como un golpe. Además, no hacía mención alguna sobre el retorno de Zelaya a la presidencia.

La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río (la mayor parte de Latinoamérica) y la Asamblea General de las Naciones Unidas han todos llamado a que se dé el “retorno inmediato e incondicional” del presidente Zelaya.

Las fuertes posiciones desde el Sur resultaron en declaraciones anónimas de funcionarios del Departamento de Estado que mostraban más apoyo al retorno del presidente Zelaya. Para la tarde del lunes, el presidente Obama finalmente declaró: “Nosotros creemos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras…”

Pero más tarde, ese mismo lunes en una conferencia de prensa, se le preguntó a la secretaria de Estado Clinton si “restaurar el orden constitucional” en Honduras significaba el retorno de Zelaya. La secretaria nunca dio una respuesta afirmativa.

¿Por qué tanto recelo en llamar abiertamente al retorno inmediato e incondicional de un presidente electo, así como lo había hecho el resto del hemisferio y las Naciones Unidas? Una posibilidad obvia es que Washington no comparte estos objetivos. Los líderes del golpe no tienen apoyo internacional pero aún podrían tener éxito en lograr que pase el tiempo – Zelaya tiene menos de seis meses para terminar su mandato. ¿Apoyará el gobierno de Obama la imposición de sanciones en contra del gobierno golpista para prevenir que esto suceda? Los gobiernos vecinos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han hecho las primeras advertencias al anunciar una suspensión del comercio por 48 horas.

A diferencia de esto, una razón para la reticencia de Hillary Clinton de llamar al golpe un golpe es la prohibición, bajo la Ley de ayuda al extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Assistance Act), de proveer fondos a gobiernos en donde el jefe de Estado haya sido destituido por un golpe militar.

La palabra ‘incondicional’ también es clave en esta situación: el gobierno estadounidense quizás quiera extraer alguna concesión de Zelaya como parte de un acuerdo para su retorno a la presidencia. Pero así no es como funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar algún acuerdo con sus oponentes políticos luego de haber retornado, ésa es otra historia. Pero nadie tiene el derecho de extraerle concesiones políticas en el exilio, a punta de pistola.

No hay excusa alguna para este golpe. Una crisis constitucional se desató cuando el presidente Zelaya le ordenó al ejército que distribuyera los materiales para un referendo no vinculante que se llevaría a cabo el domingo pasado. El referendo le pedía a los ciudadanos que votaran sobre si incluir una propuesta para una asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución, en las elecciones de noviembre. El jefe del ejército, el general Romeo Vásquez, se rehusó a llevar a cabo las órdenes del presidente. El presidente, como comandante en jefe del ejército, despidió a Vásquez, con lo cual el ministro de defensa renunció. La Corte Suprema posteriormente dictaminó que el despido de Vásquez por parte del presidente era ilegal y la mayoría en el congreso se ha mostrado en contra del presidente Zelaya.

Los partidarios del golpe argumentan que el presidente violó la ley al intentar proceder con el referendo después de que la Corte Suprema fallara en contra de éste. Ésta es una cuestión legal; puede ser cierto o puede ser que la Corte Suprema no tuviera base legal para emitir esa sentencia. Pero esto es irrelevante para lo que ha sucedido: el ejército no es el árbitro de una disputa constitucional entre los varios poderes del Estado. Esto es particularmente cierto en este caso, en el que el referendo que se proponía era un plebiscito no vinculante y meramente de carácter consultivo. No habría cambiado cualquier ley, ni habría afectado la estructura de poder; era simplemente una encuesta al electorado.

Por consiguiente, el ejército no puede afirmar que actuó para prevenir un daño irreparable. Éste es un golpe militar llevado a cabo con propósitos políticos.

Existen otras cuestiones sobre las cuales nuestro gobierno se ha mantenido raramente silencioso. Los informes de represión política, del cierre de estaciones de radio y TV, de la detención de periodistas, detención y abuso físico de diplomáticos y de lo que el Comité para la Protección de Periodistas ha llamado una “censura de los medios”, son eventos que aún esperan por ser seriamente reprochados por Washington. Al controlar la información y reprimir la disensión, el gobierno de facto de Honduras está también creando el marco para unas elecciones injustas en noviembre.

Muchos informes han contrastado el rechazo del gobierno de Obama al golpe hondureño con el apoyo inicial del gobierno de Bush al golpe militar de 2002 que derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez en Venezuela. Pero de hecho hay más similitudes que diferencias entre la respuesta estadounidense a estos dos eventos. En el marco de un día, el gobierno de Bush revirtió su posición oficial sobre el golpe venezolano debido a que el resto del hemisferio había anunciado que no reconocería al gobierno golpista. De manera similar, en este caso, el gobierno de Obama está siguiendo al resto del hemisferio, tratando de no ser la excepción, pero al mismo tiempo, sin realmente compartir su compromiso con la democracia.

No fue sino hasta algunos meses después del golpe venezolano que el Departamento de Estado admitió que le había brindado apoyo financiero y de otro tipo a “individuos y organizaciones que se entiende que estuvieron activamente involucrados en la breve expulsión del gobierno de Chávez”. En el golpe hondureño, el gobierno de Obama afirma que intentó disuadir al ejército hondureño para que no tomara esta acción. Sería interesante saber cómo se llevaron a cabo estas discusiones. ¿Será que los funcionarios del gobierno dijeron, “Ustedes saben que tendremos que decir que estamos en contra de una movida como ésa si la llevan a cabo, porque todo el mundo lo hará”? O será que más bien dijeron, “No lo hagan, porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para revertir cualquier tipo de golpe”? Las acciones del gobierno desde que ocurrió el golpe apuntan a algo más parecido a lo primero, sino hasta peor.

La batalla entre Zelaya y sus oponentes pone de frente a un presidente reformista apoyado por sindicatos laborales y organizaciones sociales en contra de una élite política corrupta, con conexiones al narcotráfico, que opera al estilo de una mafia y que está acostumbrada a escoger no solamente a la Corte Suprema y al Congreso, sino al presidente también. Es una historia recurrente en Latinoamérica, y Estados Unidos casi siempre se ha puesto del lado de las élites. En este caso, Washington tienen una relación muy cercana con el ejército hondureño, desde hace ya décadas. Durante los años ochenta, Estados Unidos utilizó bases en Honduras para entrenar y armar a los ‘contras’, los paramilitares nicaragüenses que se dieron a conocer por sus atrocidades en la guerra en contra del gobierno sandinista en el vecino país de Nicaragua.

El hemisferio ha cambiado substancialmente desde el golpe venezolano de abril de 2002, con otros once gobiernos de izquierda siendo elegidos posteriormente. Un conjunto entero de normas, instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el Norte en el hemisferio han sido alteradas. El gobierno de Obama enfrenta hoy a vecinos que están mucho más unidos y mucho menos dispuestos a ceder en cuestiones fundamentales de democracia. Es por eso que la secretaria de Estado Clinton probablemente no tendrá mucho espacio de maniobra. Sin embargo, la ambivalencia del gobierno será notada en Honduras y muy probablemente podría motivar al gobierno de facto a que intente aferrarse al poder. Eso podría ocasionar muchos daños.

* Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es presidente de la organización Just Foreign Policy.

Publicado en inglés en The Guardian Unlimited.

http://alainet.org/active/31375

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Sordos ruidos oír se dejan, desde freakingnews.com

Pino Solanas: “Cristina le abre los brazos a empresarios mineros que borran del mapa nuestras fronteras y nos transforman en la Potosí del siglo XXI”

Copenoa
vía argenpress.info, 08.05.09

Por segunda vez en un mes, la presidente Cristina Fernández recibe a empresarios de Barrick Gold, la minera que está encargada de la explotación del yacimiento de oro de Pascua-Lama, compartido con Chile.

Al respecto, el primer candidato a diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, afirmó: “Somos la sexta reserva de minerales del planeta, con yacimientos valuados en u$s 200.000 millones. Sin embargo, seguimos profundizando una política de devastación y saqueo de recursos estratégicos no renovables, que no traen el ‘progreso’ sino que nos transforma en la Potosí del siglo XXI. Se premian las exportaciones de las multinacionales mineras con subsidios del 2,5 al 7%, mientras dejan fuera del país el 100% de sus ventas; nos enteramos lo que se llevan sólo por lo que declaran las empresas, sin control público, pero nada dicen de los más de 50 metales raros que se extraen junto al oro y al cobre. ¿Cómo se puede explicar entonces que la presidente haya recibido en la Casa Rosada al fundador y máximo directivo mundial de la Barrick Gold, Peter Munk, y ahora, por segunda vez en un mes, a los empresarios de esta multinacional quienes, junto al gobernador Gioja, han impulsado el veto a la ley de protección de glaciares?”

Pascua Lama según Diario de Cuyo, desde argentina.indymedia.org

Además, Solanas agregó: “Un tratado firmado por los presidentes de Chile y Argentina en 1997 (Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno) permitió a las empresas mineras crear un tercer territorio a lo largo de la cordillera donde las fronteras nacionales han sido borradas. ¿Quién puede creer que somos un país soberano cuando en esos territorios de altura las empresas multinacionales -que manejan recursos que hasta triplican los presupuestos de las provincias- no son controladas y militarizan los yacimientos en un perímetro de 10 kilómetros?”

Finalmente, Solanas inquirió: “De las aguas que cubren el planeta 3% son potables, y de ese porcentaje las dos terceras partes vienen de los hielos y los glaciares que están en esas cumbres, ¿les parece que puede ser ‘progresista’ un política que alienta la depredación de estos recursos y que deja una contaminación con sustancias tóxicas monstruosa? La movilización de los movimientos ambientalistas logró que las legislaturas de siete provincias prohibieran la minería contaminante. Todos los argentinos deben ponerse de pie frente a esta política devastadora.”

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Exponencialmente, desde imagenes.idealista.com

informe especial: Los números que no cierran

La deuda externa sigue creciendo y Argentina debe pagar 16.250 millones antes de fin de año. Agosto es el mes clave: menos exportaciones, caída impositiva y dólar alcista.

Por Jorge Lanata
criticadigital.com, 22.03.2009

“En Argentina decimos ‘patear para adelante la cosa’, extenderla en el tiempo para que finalmente nadie sepa muy bien qué es lo que se reclama, la opinión pública se olvide, los vecinos se desgasten y prescriban las causas. Como si ese ‘adelante’ perteneciese a otro planeta o a otras personas que no sean nuestros hijos.”

Silvana Buján, en “Gobiernos silenciosos, el poder de las multinacionales”.

“Patear para adelante: expresión de origen futbolístico; significa dejar al futuro los problemas que no se pueden enfrentar en el presente.”

En Jergasdehablahispana.org

“Ahí está la renegociación de la deuda externa y la quita del 70% de su deuda, ahí está el chau al Fondo Monetario Internacional, ahí está esa nueva Argentina que quiere amanecer y va a amanecer.”

Néstor Kirchner en La Plata el 17 de marzo, en su primer acto no oficial como candidato.

“Somos un gobierno que venimos pagando viejas deudas, un gobierno pagador de deudas de la democracia, desde el nivel de desendeudamiento que usted, ex presidente, comenzó a poner a nuestro país cuando canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional (aplausos). Siento que somos un gobierno pagador y pagador de deudas que contrajeron otros o que las construyeron otros, mientras que muchos de ellos, sin embargo, nos dicen que somos un gobierno que nos gusta manejar y administrar la caja.”

Cristina K en el acto de presentación de la Ley de Radiodifusión en el Teatro Argentino de La Plata, el 18 de marzo.

Los números de 2009 están en rojo: aunque la administración K ha sido, en la historia argentina, la mejor pagadora de los organismos de crédito, la deuda externa sigue subiendo y los vencimientos previstos de capital e intereses suman 16.250 millones de dólares. Según estadísticas de la Subsecretaría de Financiamiento Argentina, debe, a diciembre de 2008, 145.975 millones de dólares, una cifra superior a los 144.222 millones de 2001, cuando el país cayó en default. Pero, como se trata de matemáticas, todo es relativo: el pasivo del país sube a 174.959 millones de dólares si se suma la deuda en cesación de pagos desde 2002 y que no participó del canje de títulos que el gobierno ofreció en 2005, con una adhesión del 76% de los acreedores. Embarrado por el lodo de la Sierra Maestra y despotricando contra la injusticia del orden mundial y los bancos, el matrimonio presidencial pagó, desde 2003, 25.187 millones de dólares. Su estrategia de taparles la boca a los bancos con dinero va en aumento: el año pasado la deuda creció 1.247 millones y la junta revolucionaria de gobierno pagó alrededor de 16 mil millones por amortización, intereses y recompra de la misma.

Fue justamente el calendario de vencimientos de 2009 uno de los elementos de mayor peso a la hora de anunciar el adelanto de las elecciones. ¿Podrá el Gobierno mantener el dólar a cuatro pesos antes de octubre y, a la vez, contar con los dólares suficientes para pagar la deuda? La recesión mundial y la reactivación de la crisis del campo incidirán negativamente en el ingreso de dólares de las exportaciones, lo que traerá consigo un declive progresivo de la recaudación, retracción de la actividad general y, eventualmente, un aumento en los despidos y suspensiones. Sólo en agosto próximo, los presidentes deberán pagar 2.177 millones de dólares por Boden 2012. El vencimiento más importante del año, agendado sólo un mes antes de las elecciones programadas. La estrategia, desde el verano, es la de “patear para adelante”: así se canjearon préstamos garantizados que redujeron los pagos previstos a casi la mitad. Lo de “casi” no es un error semántico: nadie sabe, en verdad, cuánto se debe exactamente.

–No lo sabe ni Dios –le dijo a este diario un funcionario del área económica (ver cuadro 1).

Casi la mitad de la deuda, el 48%, está en pesos argentinos; el 41%, en dólares estadounidenses; el 10%, en euros; el 2%, en yenes, y el resto, en otras monedas. Como el peso argentino se depreció el año pasado un 10%, la deuda calculada en moneda local disminuye cuando se la mide en dólares. La parte de la deuda en pesos explica la “estrategia Patota” en el INDEC, ya que se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se basa en el índice de precios. Para el INDEC, la inflación de 2008 fue la más baja de los últimos cuatro años: 7,2%, aunque las evaluaciones privadas la triplican.

–Si se hubiera tomado una inflación del 20%, la deuda habría aumentado 13 mil millones de dólares –argumentan los acólitos de Moreno.

Otra vez números: relativamente cierto. Al subestimar la inflación se sobreestima el crecimiento de la economía; como la otra parte de la deuda está atada al crecimiento, lo que se ahorra en un lado se pierde en el otro. Peor: los cupones atados al PBI se cancelan en cash todos los años y la indexación por inflación sólo impacta en los pagos desde 2020 en adelante, cuando Moreno no sea ni siquiera un mal recuerdo, o gobiernen Máximo y Florencia K.

En 1976 cada argentino le debía 300 dólares al FMI. Durante la dictadura, la deuda externa creció un 364 por ciento. Carlos Menem dejó el poder con una deuda pública de 123.366 millones; la duplicó en diez años de gestión. Entre 1976 y el año 2000, la Argentina pagó, por servicios de la deuda (amortización más interés) 212.280 millones de dólares. Sí, los números son correctos: la misma deuda ya se pagó varias veces. Con De la Rúa, la deuda subió a 144.222 millones y en la era K se registró el momento más alto de endeudamiento: 191.296 millones en diciembre de 2004. Luego de la reestructuración de marzo de 2005, se redujo a 129 mil millones y, desde entonces, volvió a subir.

Éstos son los números K, año por año:

Fecha millones de U$S
31/12/2005 129.227
31/12/2006 136.725
31/12/2007 144.728
31/12/2008 145.975

La deuda está concentrada, básicamente, en tres organismos: el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Veamos año por año el dinero que los K giraron desde Buenos Aires a Washington (ver cuadro 2).

Obsérvese en el apartado 2006 que Néstor pagó cash los 9.600 millones del FMI, y Clarín tituló entonces: “El gobierno pagó la deuda”, como si hubiera sido la totalidad. Pero eran otros tiempos.

De hecho, la política de desendeudamiento estaba en perfecta sintonía con la de la Casa Blanca, a la que no debe de haberle molestado que la insultaran en los foros internacionales mientras siguieran pagando.

Para el ex diputado Mario Cafiero, especialista en deuda externa, la cifra consolidada del endeudamiento es mayor a la oficial:

–Después de la renegociación Kirchner-Lavagna –le dijo Cafiero a Crítica de la Argentina–, para mostrar que la quita había sido exitosa, se ocultaron los intereses a pagar por un monto cercano a los 12 mil millones. Esto lo denuncié cuando aún estaba en mi banca. También se sacó lo correspondiente a los holdouts, cuando esa deuda nunca se repudió. Eso suma otros 30 mil millones. La cifra real hoy debe ser de unos 182 mil millones.

–¿Por qué sigue subiendo?

–Los intereses de la deuda son, en general, más altos que lo que crece la economía del país, por lo que estamos frente a una usura crónica. El país creció el año pasado al 7,8% anual y le pagamos intereses a Venezuela por el 15,4% anual, el doble.

Alejandro Olmos hijo vivió la historia de la deuda en carne propia: su padre fue el primer denunciante judicial de la deuda externa. La Justicia tardó ocho años en declararla “ilegal, inmoral e ilegítima” y el Congreso ignoró su tratamiento cuarenta y tres veces en quince años, negándole quorum para su discusión. Olmos murió sin ver siquiera el demorado fallo del juez Ballestero. Su hijo integró hasta hace poco una Comisión de Auditoría convocada por el presidente de Ecuador para revisar la deuda:

–El proceso ecuatoriano fue idéntico al argentino –le dijo Olmos a este diario–. Deuda de una dictadura a partir del 76, renegociación de las democracias, Plan Brady en 1994, bonos globales en el año 2000, los mismos bancos, los mismos estudios jurídicos.

–¿Cómo evalúa el rol del gobierno argentino en el asunto?

–El gobierno tiene un permanente doble discurso. La deuda actual, incluido lo que quedó fuera del canje, asciende a unos 175 mil millones. Es imposible plantear una política de desendeudamiento con bonos atados a la inflación o al crecimiento. Una cosa son las banderas y otra la realidad.

“En Ecuador tuve la chance de hacer lo que en Argentina nunca me permitieron –asegura Olmos–. Accedimos a archivos confidenciales que acá el gobierno siempre nos negó.”

INVESTIGACIÓN: J L / LUCIANA GEUNA/ JÉSICA BOSSI

Tags: 174.959 millones de dolares, 2009 en rojo, agosto es el mes clave, crisis del campo, cristina fernandez, despidos, deuda externa argentina, dolar, junta revolucionaria de gobierno, matrimonio presidencial, mejores pagadores, nestor kirchner, sierra maestra, suspensiones

Al cohete, desde argentinaelections.com

La (in)utilidad del Congreso

Por Jorge Altamira
Especial para argenpress.info, 11.03.09

Aunque pueda sonar ‘amargo’, la noticia de la semana no fue la renuncia de Riquelme a la selección nacional, sino las declaraciones de Montoya, el recaudador bonaerense, a principios de semana al diario Crítica.

Cuando el periodista le pregunta si “ya notan la crisis en la recaudación”, el sabueso le contesta: “Sí, mucho. En realidad, nosotros ya venimos notando esto hace tiempo y por eso estuvimos alertas, a diferencia de lo que se decía… de que esto no nos iba a golpear tanto”. Más adelante completa: “Yo diría que la actividad económica en general debe haber caído alrededor de un 10% en enero y febrero“. Montoya no sólo ilustra una crisis industrial en toda la línea, sino que no repara en denunciar al gobierno al cual sirve por su completa miopía frente a la crisis mundial. Los datos que ofrecen las cámaras empresarias y los institutos de estadísticas coinciden en que el derrumbe de la producción en las industrias principales alcanza a porcentajes espectaculares -del orden del 60 al 80 por ciento.

Las declaraciones de Montoya importan, por sobre todo, porque desmienten a la cofradía de charlatanes que ha venido asegurando que, en 2009, Argentina estaría protegida contra una cesación de pagos, como si el ‘defol’ fuera un asunto contable y no la consecuencia del derrumbe económico. No importan los recursos que haya acumulado el gobierno si, por un lado, la recaudación fiscal se derrumba y, por el otro, la salida de capitales, liquida la posición financiera. Por más ‘liquidez’ que se le atribuya a los bancos, nunca superará la salida de depósitos en una ‘corrida’.

Sin embargo, ni el gobierno ni la oposición parlamentaria ofrecen una salida, ni siquiera lo intentan. El propio Montoya, cuyo destino político parece emigrar de las filas de Scioli a las de Solá, tampoco es capaz de ofrecer una. A requisito del periodista, balbucea un improbable torniquete contra la evasión fiscal, la promesa más violada en Argentina y el mundo entero. El gobierno está saqueando las arcas de la Anses para financiar el rescate de pulpos capitalistas que ya han decidido anular cualquier tipo de inversiones, y que seguramente utilizarán la mayor parte del dinero oficial para fugar capitales al exterior. O aplica un tarifazo descomunal que sólo puede derivar en un aumento de la caja de las empresas de servicios y en una salida de capitales vía el pago de su deuda privada. Ámbito ha venido informando de una salida de mil millones de dólares al mes en enero -febrero, mientras el Cronista destaca alegremente que “ganan peso en el mercado local los instrumentos para fugar capitales“.

La idea fija del kirchnerismo es que si evita la cesación de pagos llega a octubre y salva la ropa. Por eso nacionalizó las AFJP y ahora se dedica a canjear bonos de la deuda a vencer por otros a plazos mayores. Estos canjes representan un enorme negociado para los capitales financieros; por un lado porque se rescatan títulos desvalorizados a precios superiores y, por el otro, porque se ofrecen tasas de interés superiores a los bonos que están en vigencia. Ante los rumores del canje, los bonos han comenzado a subir con fuerza e incluso su compra fue recomendada por los principales fondos internacionales (en medio de la crisis financiera). Los K quieren huir de la crisis acentuando el endeudamiento del Estado y la hipoteca nacional. Lo que pretende proteger a Argentina de una cesación de pagos, golpea el proceso industrial porque eleva aún más la carga financiera sobre la producción, y golpea la capacidad fiscal del Estado porque afecta a la recaudación. La cesación de pagos que se pretende superar con los canjes usureros reaparece a través del derrumbe impositivo.

¿Y la oposición patronal? Esta oposición se divierte en el Congreso jugando a la audiencia pública o a la sesión especial que derogaría las retenciones a la soja, cuando en realidad está simplemente conspirando a favor de una corrida bancaria y cambiaria. El llamado peronismo disidente ya ha advertido que una reducción significativa de las retenciones provocaría una crisis fiscal, por lo cual se supone que aportará a la sesión oficial solamente para mostrar que el oficialismo ha perdido el Congreso, pero no para votar la propuesta. El ‘disidente’ Javier González Fraga (ex Citibank y ex K) propone que los sojeros reciban de vuelta las retenciones en bonos del Estado -lo cual ya sido rechazado sin miramientos por los eventuales beneficiarios. El frente sojero quiere resolver sus intereses a través del Congreso, pero a la luz de estas divisiones si va por lana saldrá esquilado.

La actividad sojera es esencialmente un proceso financiero, o sea que está financiado desde el inicio al cierre por capitales dedicados a la especulación con las materias primas. Los exportadores, acopiadores y bancos se financian, a su vez, en el mercado internacional, y lo mismo ocurre con los proveedores de insumos, que financian al sojero y refinancian ese préstamo en el exterior. El derrumbe del campo es por eso, antes que nada, la consecuencia del desplome financiero mundial; la propia caída de los precios internacionales ha obedecido, más que a una caída de la demanda mundial, a una especulación a la baja en los mercados de materias primas. La crisis agraria no tiene salida con la eliminación de las retenciones, simplemente porque no alcanza para pagar deudas y volver a financiar el proceso productivo, en especial para el capital chacarero, que es el más dependiente financieramente. Como se plantea para el conjunto del país, el agro tiene que ser reorganizado sobre nuevas bases sociales. Los llamados chacareros harán el aprendizaje de esta realidad a su propio costo - claro que antes pretenden hacérselo pagar al conjunto de los obreros del país, con una devaluación, y a los trabajadores rurales.

Un capítulo especial son los manejes de Lozano y De Gennaro con Buzzi, o sea con la Mesa de Enlace. Lozano vuelve a repetir su planteo a favor de la “segmentación impositiva”, incluidas las retenciones, en beneficio del ‘pequeño productor’, mientras su aliado de la Federación Agraria empuja el corte de rutas para liquidarlas del todo con sus aliados de la Mesa de Enlace. De otra parte hay que decir que no es cierto que la ‘segmentación’ es “encuadrable (sic) en una perspectiva popular” (Lozano, diario Crítica, 1/3), pues incluso Techint ha pedido un tratamiento impositivo especial para las pymes, con el conocimiento de que se quedará con los beneficios que se les den, a través de los contratos de precios que firman con la gran industria. Ahora que la UIA está reclamando la generalización de los subsidios del Estado para el pago de los salarios de los trabajadores que sean suspendidos por las patronales, quizá se le ocurra a Moyano la segmentación del aporte entre la industria grande y la menor. La salida a esta crisis, caro Lozano, no se encuentra dentro del capitalismo sino fuera.

Chau paritarias

Es una fantasía la afirmación de que las paritarias han sido suspendidas hasta junio: a la luz de la profundización de la crisis, no volverán a reunirse más. La burocracia sindical ha liquidado, en un abrir y cerrar de ojos, una de las principales conquistas del movimiento obrero después de 2001, aunque los trabajadores reales y concretos nunca hayan podido participar de las paritarias por el veto de la burocracia sindical. La cuestión es muy simple: si no es el momento de discutir salarios porque hay que salvar empleos, a partir de junio ya no habrá siquiera empleos para salvar.

La importancia de los convenios colectivos y de las paritarias es mayor en el comienzo de una crisis industrial que en un período de prosperidad, precisamente porque es un foro para discutir la defensa del trabajo y para oponer a los planteos de cesantías, suspensiones y reducciones de salarios de las patronales un plan de reorganización de la industria en función de la preservación de los empleos. Claro que semejante debate no puede prosperar, en última instancia, tomando a cada actividad por separado. Los sindicatos deberían concertarse para hacer un planteo común; pero es precisamente lo que ha hecho la CGT ahora, aunque al revés: se ha concertado para suspender sin fecha las paritarias.

La burocracia sindical cree que con esta política se preserva a sí misma, pero esto tampoco es seguro. Con el gobierno K debilitado, no puede seguir metiendo la mano en las distintas cajas del Estado como ocurría hasta ahora. Ya hay una pelea en curso con Graciela Ocaña por las obras sociales y el sistema de salud, y otra con Tomada por el fallo de la Corte que habilita la elección de delegados sindicales con independencia del sindicato oficial. Al final, Moyano and co. acabarán buscando refugio con el peronismo ‘disidente’ u otra yerba parecida, como en 2001/2 lo hizo con Rodríguez Saá.

Acumulando bosta

La tropa K viene insistiendo para que su jefe encabece la lista bonaerense en octubre, que debería incluir a casi todo el gabinete. El problema es que semejante ómnibus podría ser interpretado por la opinión pública como un abandono anticipado del gobierno más que como un intento de recuperarlo por medio de una elección popular. Para el caso, K tendrá que colectar toda la bosta acumulada en las intendencias del conurbano para que, según predica el filósofo D’Elía, pueda amasar un ladrillo. Las encuestas para el oficialismo se encogen cada vez más, y para octubre podrían haberse esfumado. Es que el destino político del gobierno no depende de la alquimia electoral sino de la (in)capacidad para domar la crisis mundial. Lo mismo vale para la oposición patronal, aunque bajo formas diferentes, pues la crisis puede dar por el traste con los distintos frentes que está tejiendo.

El Congreso, por su lado, quiere erigirse en el árbitro nacional de la crisis y de la salida a los enfrentamientos que ella provoca. Pero esta parlamentarización pone en evidencia la disgregación del régimen político en vigencia, para nada la emergencia de uno nuevo. El Congreso no atiende ni pretende atender un solo problema popular; está enteramente focalizado en servir de vocero a los sojeros. Para neutralizar esta operación, el gobierno quiere armar un Consejo Económico y Social, dominado por la patronal y la burocracia sindical devaluacionista, que además se han puesto de acuerdo para liquidar las paritarias; o sea que mete al zorro en el gallinero. Ni el Congreso ni el nonato Consejo tienen en la agenda una salida de conjunto, de protección para los trabajadores y de los que se encuentran sin empleo. Ambos, el Congreso y el Consejo, son instituciones patronales hasta sus médulas. Por eso fracasarán en el empeño de convertirse en árbitros (mucho antes el Consejo que el Congreso). La denuncia de la función patronal y anti-obrera del Congreso y la previsión de su fracaso deben ser toda una tarea de propaganda y de agitación especial y empecinada por parte de los socialistas y de los revolucionarios. La oposición patronal amasa con bosta aún más que el oficialismo, como lo demuestran las cooptaciones recíprocas de ex funcionarios de De la Rúa y Cavallo y de ex funcionarios de Menem, Duhalde y Kirchner (los Carrió, Morales, Bullrich, Solá, De Narváez).

No cabe duda que la crisis capitalista ha dejado de ser un fenómeno económico y que se despliega en crisis políticas mayores en diferentes países, incluso en movilizaciones populares. Nuestra obligación es militar para que la clase obrera encuentre el camino para oponerse a la tentativa de descargar la crisis del capital sobre sus espaldas y a defender sus conquistas, para lograr, por medio de esta lucha, que emerja como el sujeto político alternativo al Estado capitalista.

Tags: burocracia sindical, caida de la recaudacion, crisis agraria, crisis industrial, cristina fernandez, fin de las paritarias, fuga de capitales, oposicion patronal